El Gobierno está trabando en la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad en la que se incluye la posibilidad de condonar la deudas con la Administración en caso de insolvencia
Los autónomos podrían quedar exentos de afrontar sus deudas con Hacienda y Seguridad Social en caso de que su negocio sea insolvente sin tener que acudir a los tribunales, como están haciendo ahora muchos autónomos. El Gobierno está negociando una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad en la que abrirían una puerta a la condonación de las deudas públicas tras el concurso de acreedores. Hasta el momento, la única forma de cancelar estas deudas es acudiendo a juicio. Lo cierto es que se están ganando muchos a favor del autónomo.
Acudir a los tribunales para lograr la condonación de las deudas con la Administración es una fórmula cada vez más utilizada por los trabajadores por cuenta propia en estos momentos de crisis para cerrar su negocio sin lastres económicos, y poder emprender de nuevo o finalizar definitivamente su vida laboral. La debacle económica que la pandemia está dejando en nuestro país ha incrementado los procesos judiciales solicitando la condonación de las deudas públicas, lo que también está provocando colapsos en los juzgados. Por ello, el Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado a trabajar para implementar la exoneración de estas deudas con la Administración en la Ley de Segunda Oportunidad, que carecía de está posibilidad. Esto evitaría a muchos autónomos pasar por el juzgado como hacen actualmente para quedar exentos de estas deudas que no pueden pagar.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad se recoge en el Marco de Recuperación Transformación y Resiliencia, y «es una de las cuestiones que se pretende reformar y modificar para hacerla más eficiente«. De hecho, confirmaron que «es algo que ya se ha transmitido a Bruselas».
Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, Diego Comendador, también aseguró que el Ejecutivo «está trabajando actualmente en una mejora de la Ley, que podría pasar por la condonación de las deudas con la Administración».
Agilizar la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad
Durante la primera ola del Covid-19, el Gobierno unificó en un mismo texto todas las reformas existentes hasta ese momento referentes a la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, «quedó pendiente la trasposición de la directiva europea para potenciar la continuidad de los negocios tras la exoneración y la condonación de deuda pública en el concurso de acreedores», explicó Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Según el presidente la Asociación Profesional de Administradores Concursales, Diego Comendador, “el Gobierno tendría de plazo para hacerlo hasta julio de 2021, con opción a prórroga de un año”, explicó Comendador.
Desde ATA señalaron que «lo más seguro es que el Ejecutivo agilice la reforma. Cuando se terminen las ayudas, muchos negocios se verán obligados a presentar un concurso de acreedores, y si no cambian las bases actuales de la norma, muchos cerrarán pero seguirán cargando con sus deudas«.
Muchos tribunales ya están exonerando las deudas públicas
Gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en la que dictó que las deudas con la Administración también deben ser exoneradas, los jueces de lo Mercantil están fallando en esa misma línea y consideran que las deudas fiscales o en materia de cotizaciones no deben tener un privilegio especial en los procedimientos concursales de la Ley de Segunda Oportunidad. El hecho de que los jueces estén dando la razón a los negocios insolventes respecto a sus deudas con Hacienda y la Seguridad es lo que impulsado al Gobierno a considerar la posibilidad de incluir la exoneración en la reforma que está elaborando de esta norma según la recomendación de la directiva europea.
De hecho, recientemente se han conocido otras dos sentencias de juzgados que han eximido a trabajadores por cuenta propia de sus deudas con la Administración. Ha sido en el País Vasco, concretamente en los juzgados de Guipúzcoa y Álava, en las que la justicia se ha posicionado del lado de los trabajadores por cuenta propia y les ha exonerado de sus deudas públicas en el proceso concursal.
El aumento de estas sentencias de condonación de deudas con la Administración, supone un atisbo de esperanza para todos aquellos autónomos que veían frustrados sus intentos de emprender una nuevo negocio o continuar con su actividad, debido a las deudas acarreadas con los organismos públicos.
Pocos autónomos pueden permitirse un juicio
Si bien los autónomos tienen posibilidades de liberarse de sus deudas con Seguridad Social o Hacienda, acudiendo a los Tribunales, esto sigue generando un problema para el colectivo, por el elevado coste y el tiempo que conlleva. «Para ir a juicio, la persona física debe contratar a un abogado e incluso en muchos casos también a un asistente del mismo. Además, antes de eso ha tenido que pasar por un concurso de acreedores donde ha debido pagar a un notario y un mediador», explicó la abogada.
Ésta es la principal razón por la que la mayoría de trabajadores por cuenta propia dan por perdida la exoneración de sus pagos con la Administración, al no tener el suficiente capital para hacer frente a todos los gastos que supone elevar a juicio su caso. Asimismo, tal y como apuntó la vicepresidenta de ATA, «el autónomo que entra en un proceso concursal es porque su negocio ha entrado en quiebra y no tiene bienes con los que pagar su deuda, con lo que tampoco dispondrá de los medios necesarios para ir a juicio».
El Banco de España recomendó condonar las deudas públicas
Ya en noviembre, el Banco de España lanzó un mensaje a la Administración, recomendando permitir que algunos autónomos puedan librarse de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, para facilitar su recuperación. Para tratar de hacer frente a la difícil situación económica de los negocios tras la pandemia, el organismo recomendó al Gobierno una serie de mejoras en la Ley Concursal, que calificó ya entonces de «poco eficiente» a la hora de liberar a los negocios de sus deudas o poner punto y final a la actividad.
En este sentido, la banca española señaló que el hecho de que sea tan complicado librarse de las deudas públicas «hace que el plan de pagos que sigue a la liquidación sea bastante exigente para el empresario». Por ello, según Hernández de Cos, sería recomendable poner en marcha un mecanismo con el que los acreedores públicos, especialmente Hacienda y la Seguridad Social, se involucren e incentiven las reestructuraciones de deuda, aceptando quitas incluso mayores que los acreedores privados en determinadas circunstancias.
Asegurar la continuidad de los negocios
Una de las mayores preocupaciones de los autónomos es qué será de sus negocios el día de mañana. La crisis del Covid-19 está causando estragos en la economía española y, a pesar de que aún continúan ayudas como la prestación por ceses de actividad y los ERTE, «estas subvenciones tienen fin, y ahí es cuando veremos la verdadera avalancha de concursos de acreedores. Una vez finalizadas las ayudas tiene que haber una Ley lo suficientemente potente para que las empresas que son viables y que simplemente ha pagado las consecuencias de la pandemia, tengan la oportunidad de recuperarse y reorientar su negocio hacia el crecimiento«, señaló la vicepresidenta de ATA.
La Ley de Segunda Oportunidad supone un aliciente para aquellos autónomos que han visto fracasar sus negocios a causa de las deudas y quieren, o bien volver a emprender o bien continuar con la misma actividad, pero sin lastres económicos. Sin embargo, no siempre acaba ofreciendo esa posibilidad a los trabajadores por cuenta propia.
Según el gobernador del Banco de España, aun cuando una empresa presenta un concurso de acreedores y consigue librarse de sus deudas, sus probabilidades de viabilidad en el mercado laboral son demasiado escasas. Es por ello que el gobernador de la entidad propone modificar la Ley Concursal y establecer “procedimientos administrativos ágiles y simplificados, que mejoren la eficiencia de los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera”. El problema, en palabras del supervisor, es que los concursos de acreedores en España se utilizan poco por las empresas en general, y todavía menos por los autónomos y pequeños negocios -que son la mayoría-, ya que «suelen ser procedimientos largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas».
Algo que va en línea con la nueva Directiva Europea 2019/1023 sobre la Insolvencia, publicada el pasado junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde Europa abogan por facilitar la remodelación de empresas con dificultades financieras, y evitar la insolvencia de empresas con atisbos de viabilidad. Ya que, tal y como alertó la UE, “el 90% de los concursos de acreedores acaba en liquidación”.
Fuente: Autónomos y emprendedores